Austin, Tx.— Sally Hernández, la recién electa sheriff del Condado Travis, cumplió el viernes su más controversial promesa, anunciando que su departamento reduciría su cooperación con las autoridades federales de inmigración cuando soliciten que un reo sea señalado para posible deportación.
Sin lugar a dudas, su anuncio causará un enfrentamiento con los funcionarios republicanos del estado, especialmente con el gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick, quienes prometieron eliminar las ‘ciudades santuario’, término común para las ciudades donde las agencias policiacas no vigilan y/o hacen cumplir las leyes migratorias.
‘El público debe tener la confianza de que las agencias policiacas locales están enfocadas en la seguridad pública local, no en hacer cumplir leyes federales de inmigración’, declaró Hernández en un video en línea.
Agregó que su cárcel no puede ser percibida como un tanque de espera para los indocumentados y que el cambio de política ahorrará dinero a los contribuyentes.
Hernández además cuestionó si detener a una persona más allá de lo que la ley requiere no es una violación de sus derechos y comentó que su deber como alguacil es proteger a la comunidad local.
‘Nuestra oficina no incrementará nuestras obligaciones ni impondrá prioridades no sabias de seguridad pública simplemente para aligerar la carga del Gobierno federal’, señaló.
En un memorando de dos páginas, la oficina de la alguacil del Condado Travis declaró que continuaría deteniendo a la gente acusada de delitos muy serios, incluyendo el asesinato capital y el asesinato en primer grado, la agresión sexual agravada y la trata de gente.
Hernández aclaró que honrará las peticiones del Gobierno federal si sus oficiales siguen el proceso debido y obtienen una orden de un juez que mande el confinamiento.
Abbot reaccionó rápido a las noticias. ‘La oficina del gobernador recortará fondos al Condado Travis por adoptar políticas de santuario’, publicó en Twitter la noche del viernes. ‘Vienen castigos más duros’.
Abbott ha anunciado que recortaría fondos a las entidades que adoptaran políticas de santuarios. El Austin American-Statesman reportó a principios de semana que eso le podría costar a la Oficina de la Alguacil del Condado Travis cerca de 1.8 millones de dólares de dinero estatal.
En respuesta a la historia, Abbott publicó en Twitter que estaba a punto de ‘subir la apuesta’.
El anuncio llega luego de que los legisladores en Texas ya interpusieron varias propuestas que penalizarían a las ciudades santuario, incluyendo la Propuesta 4 del Senado por el senador estatal Charles Perry, republicano de Lubbock, y la Propuesta 889 de la Cámara por el representante estatal Charlie Geren, republicano de Fort Worth.
Las propuestas permitirían a la policía local hacer cumplir las leyes de inmigración pero sólo si el oficial está trabajando con un oficial federal de inmigración o bajo un acuerdo entre las agencias local y federal.
La tarde del viernes, los simpatizantes de Hernández elogiaron su decisión en un comunicado.
‘Hoy hemos llegado al punto en el que no sólo hemos convencido a la gente sino también a nuestros líderes de cambiar respecto a las decisiones de dañar a nuestra comunidad de inmigrantes’, expresó Carmen Zuvieta, organizadora de ICE Fuera De Austin, un grupo de defensa.
‘Estamos agradecidos con todos los que creyeron en nosotros y todos los que jamás nos abandonaron’, agregó.
